Embargo Salarial Administrativo

En virtud de la Ley de Educación Superior, el Departamento y las agencias de garantías podrían exigir a los empleadores de aquellas personas que no hayan cumplido con el pago de un préstamo estudiantil que descuenten el 15% del sueldo disponible del prestatario por cada periodo de pago salarial a fin de aplicarlo al pago de la deuda. Además, la Ley para Mejorar la Cobranza de Deudas (Debt Collection Improvement Act) de 1996 permite al Departamento embargar hasta el 15% del sueldo disponible. El embargo salarial puede proseguir hasta que se pague el total del saldo pendiente del préstamo. Cabe destacar que el embargo salarial se utiliza únicamente en el caso de aquellos prestatarios que se niegan a pagar voluntariamente los préstamos en incumplimiento de pago y no se usa para aquellos prestatarios que efectúan pagos mensuales en forma regular y oportuna.

Prestatarios

El Embargo Salarial Administrativo (AWG), al igual que la Deducción del Tesoro (TOP), la Deducción Salarial para Empleados del Gobierno Federal y las acciones judiciales, es el último recurso que utiliza el Departamento de Educación de EE.UU. (Departamento) para recuperar las deudas por préstamos estudiantiles impagos. Treinta días antes de emitir la Orden de Retención, se envía un aviso al prestatario para notificarle la intención que tiene el Departamento de embargar sus sueldos, así como de sus derechos y procedimientos de apelación.

Los Derechos y Responsabilidades del Prestatario

El prestatario tiene derecho a:

  • Recibir una notificación, 30 días antes de que el Departamento ordene el embargo salarial, que explique la intención del Departamento de proceder al embargo, el carácter y monto de la deuda, la oportunidad de inspeccionar y copiar la documentación relativa a la deuda, objeto del embargo destinado a cobrarla, y evitar el embargo mediante un plan de pago voluntario;
  • Tener la oportunidad de celebrar un acuerdo expreso con condiciones satisfactorias para el Departamento a fin de establecer un plan de pago voluntario;
  • Tener la oportunidad de una audiencia destinada a presentar y obtener un fallo con respecto a cualquier objeción del prestatario en relación con la existencia, monto o carácter exigible de la deuda;
  • Tener la oportunidad de una audiencia para presentar y obtener un fallo con respecto a cualquier objeción que plantee que un embargo del 15% del sueldo disponible del prestatario produciría serias dificultades financieras;
  • Tener la oportunidad de una audiencia para presentar y obtener un fallo con respecto a cualquier objeción que plantee que no se puede recurrir al embargo en ese momento porque el prestatario ya se encuentra empleado, en un plazo de 12 meses después de haberse extinguido su relación laboral por motivos ajenos a su voluntad;
  • Conseguir que se impida el embargo mediante una oportuna solicitud de audiencia, hasta que se lleve a cabo dicha audiencia y se pronuncie un fallo;
  • No ser despedido de su empleo, ser objeto de una denegación de empleo o de alguna sanción disciplinaria como consecuencia del embargo y a procurar la reparación del agravio en algún tribunal federal o estatal si se produce tal situación; y
  • Impedir que se proporcione cualquier información al empleador que no sea la necesaria para que cumpla con la orden de retención salarial.

Para evitar el embargo del 15% del sueldo disponible, el prestatario deberá:

  • Negociar condiciones de pago satisfactorias para el Departamento o la Agencia Privada de Cobranza (PCA) y cerciorarse de que el Departamento reciba el primer pago para la fecha para enviar la respuesta indicada en el aviso de embargo, que es 30 días de la fecha de envío de dicho aviso;
  • Solicitar una audiencia por escrito y enviarla por correo antes de la fecha límite indicada en el aviso de embargo;
  • Si se solicitan copias de los documentos; solicitar una audiencia porque la solicitud de documentos no demora la orden de embargo;
  • Proporcionar pruebas que respalden toda objeción hecha con respecto a la existencia o el carácter exigible de la deuda, o alguna pretensión de exclusión legal o dificultades financieras;
  • Pagar todos los gastos en que incurra para obtener representación jurídica y asistir a una audiencia presencial; (todas las audiencias presenciales se llevan a cabo en tres oficinas regionales: Atlanta, Chicago o San Francisco. El prestatario es responsable de todos los gastos de asistencia a la audiencia, tanto los propios como de los testigos que asistan en su nombre) y,
  • De entablar toda acción judicial contra su empleador si éste lo despide, se niega a contratarlo o toma alguna medida disciplinaria contra el prestatario en función del embargo.